La Asociación Vecinal de Majadahonda ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde y los concejales de Urbanismo y Deportes por los presuntos delitos de abandono de servicio público, malversación y prevaricación a raíz de las “decisiones adoptadas” para demoler el Polideportivo Huerta Vieja, cerrado por el Ayuntamiento desde 2021 por “graves daños estructurales”.
Los vecinos justifican la presentación de la denuncia en las decisiones adoptadas por el Gobierno local “al objeto de demoler el polideportivo municipal Huerta Vieja”, después de “haber eludido su deber de mantenimiento” de dichas instalaciones y “haciendo caso omiso de los informes técnicos que recomiendan su reparación (y no su derribo)”.
“Perjuicio” para los usuarios
Se trata de una situación, que según la asociación está causando un “perjuicio” para los usuarios del polideportivo al “mantener cerradas las instalaciones durante más de un año” y también para “los propios intereses económicos del Ayuntamiento”.
Desde la AVM se ha señalado que los supuestos hechos que han puesto en conocimiento de la Fiscalía comenzaron en septiembre de 2021 cuando el Ayuntamiento notificó a los usuarios de la piscina cubierta que “tras realizar las inspecciones previas necesarias a la apertura de la piscina de Huerta Vieja, hemos detectado daños en la estructura que nos hacen imposible abrir la instalación con la seguridad y garantías necesarias”.
“Sin embargo, de forma inesperada el Ayuntamiento publica en su página web el día 24 de enero de 2022, es decir cinco meses después de haber anunciado que se iban a evaluar las patologías encontradas en la piscina y a proceder a repararlas (sin haber hecho ninguna de las dos cosas), un aviso encabezado con el título “el Ayuntamiento levantará un nuevo polideportivo en Huerta Vieja tras demoler la estructura actual”, relatan.
Consideran desde la AVM que la “decisión de demoler la instalación contradice de forma flagrante la opinión de los técnicos que recomiendan su reparación”.
Por ello, indican la asociación se refiere al presunto delito de abandono del servicio público, ya que “constatada a través de los informes municipales la ausencia de mantenimiento en el pasado”.
“Si las autoridades hubieran actuado de inmediato en el momento de la detección de las patologías (septiembre de 2021), siguiendo los criterios de los técnicos, y hubiesen procedido a repararlas en el plazo consignado de unos dos meses, el servicio se habría suspendido solamente durante ese tiempo y los usuarios podrían haber disfrutado de las instalaciones con solución de continuidad en el entorno de la Navidad de 2021. Muy al contrario, las autoridades, lejos de proceder a reparar las patologías, dejan pasar el tiempo, desistiendo dolosamente de cualquier mantenimiento, por lo que presumiblemente la piscina seguirá deteriorándose con el paso del tiempo”, aseguran.
En lo que se refiere al presunto delito de malversación, se centran en las supuestas decisiones de los denunciados de “desatender sus obligaciones” en la prestación de los servicios públicos deportivos en la piscina Huerta Vieja de Majadahonda, la “ausencia de mantenimiento” de las instalaciones, la “no reparación” de las patologías detectadas en las mismas y su “demolición, construcción y entrega en modo de gestión privada a una empresa”.
Explican que “se ha optado por la decisión más onerosa en coste y plazo, en perjuicio de los intereses de los ciudadanos de Majadahonda, bajo una gestión indebida del patrimonio público administrado respecto a los intereses de su titular, solo puede concebirse bajo una administración desleal del patrimonio público”.
Finalmente, en lo que concierne a la presunta prevaricación, a criterio de la AVM, “no cabe ninguna duda” de que la “arbitrariedad” en la decisión de los denunciados “reside de forma palmaria en promover la demolición de una instalación deportiva en lugar de proceder a su reparación, tal y como recomiendan los técnicos en los informes mencionados, lo que es contrario a la razón y además es presuntamente injusto, en tanto que reside en una inequívoca voluntad dolosa de abandonar el servicio público tras una duradera ausencia de mantenimiento”.
La AVM explica que en lo estatutos de la entidad figura entre sus fines “el defender los intereses de las vecinas y los vecinos en materia urbanística, educativa, sanitaria, de vivienda, cultura, deporte y medio ambiente” y que la denuncia se ha presentado al “amparo de la previsión del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afirma taxativamente que “el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.
