La tasa de basuras tiene base legal y el aval del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso que el Ayuntamiento de Algeciras interpuso contra una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía, que había dado la razón a una Gran Superficie que cuestionaba la cantidad a pagar.
Dice la sentencia que esta tasa se configura bajo el principio ‘quien contamina, paga’ como criterio a tener en cuenta en relación con los costes de gestión de residuos.
Añade que la nueva regulación, que da a los Ayuntamientos un plazo de tres años para empezar a cobrar la tasa, “obliga a establecer las medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los mercados del reciclado, así como para que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Ahora bien, la tarifa a pagar no se puede establecer de cualquier forma para cada contribuyente y es necesaria una memoria financiera para que, quien más contamine, más pague.
Los magistrados señalan que “el volumen de residuos y el coste de su eliminación o tratamiento constituyen elementos básicos de la tasa por el servicio de recogida, eliminación o tratamiento de residuos, de manera que deben tener el oportuno reflejo en la memoria financiera, a los efectos de garantizar no solo la determinación del coste, sino los criterios de imputación y distribución entre los contribuyentes sobre la base de los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad”.
Esta sentencia se conoce pocas semanas después de que el Ayuntamiento de Majadahonda haya anunciado que se acoge a la moratoria de un año más, que permite la ley antes de implantar esta tasa. Fuentes municipales han apelado al “compromiso de mantener una política fiscal moderada y flexible, que ha convertido a Majadahonda en el segundo municipio español de más de 50.000 habitantes con la presión fiscal más baja”.
En los presupuestos municipales, no se contemplan ingresos provenientes de la aplicación de esta tasa. A lo largo de este año, se procederá a diseñar el contenido de la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa. Para ello, se están comenzando a analizar las características y usos de los inmuebles existentes en el municipio y, en paralelo, se estudiarán las posibles bonificaciones que se consideren procedentes para determinar y atenuar el impacto de esta nueva tasa para hogares, profesionales, comercios y empresas.
El Ayuntamiento de Majadahonda ya aplica un catálogo de importantes bonificaciones de naturaleza medioambiental en materia de instalaciones fotovoltaicas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, planes de transporte urbano para trabajadores en centros del término municipal o vehículos con distintivos ‘0’, ‘ECO’, ‘C’ y ‘B’.
