Ningún acuerdo en el Pleno para sacar adelante una declaración institucional y una moción de C’s tras la “oleada de robos” denunciados por comerciantes de la zona centro

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Majadahonda no han llegado a ningún acuerdo en lo que se refiere a la declaración institucional y moción de Ciudadanos respecto al apoyo a comerciantes y reconocimiento de los Cuerpos de Seguridad ante los robos sufridos por el sector en las últimas semanas y solicitud de reorganización de la Seguridad.

Ambas propuestas han sido presentadas, pero no han salido adelante, en la sesión de Pleno Ordinaria de este jueves.

La declaración institucional, según ha explicado el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha sido consensuada entre PP, PSOE y Vox, pero no se ha procedido a su lectura al no haber sido apoyada por Ciudadanos.

El regidor y presidente del PP ha señalado que la declaración institucional tenía como objetivo “mostrar apoyo a los comerciantes y reconocer el trabajo de Policía Local y Guardia Civil ante la oleada de robos de las últimas semanas”.

“Con su voto en contra (el de Cs) se ha impedido la lectura de un texto consensuado con PSOE y Vox con el único objetivo de politizar un asunto que exige unidad. No es el momento de abrir un debate político. Es el momento de trabajar de la mano, de desarrollar nuevos operativos específicos y conseguir nuevas detenciones y el ingreso en prisión de los delincuentes”, ha recalcado José Luis Álvarez Ustarroz.

Por su parte, el portavoz del PP y concejal de seguridad, Ángel Alonso, se ha referido a la moción de urgencia presentada por C’s después de votar en contra de la declaración unánime.

“Urgencia no es intentar sacar rédito político de un tema tan preocupante y hacer con eso exactamente lo que las fuerzas de seguridad competentes nos han pedido que no hagamos. Nosotros vamos a seguir trabajando para acabar cuanto antes con esta situación”, ha detallado.

En cuanto a la moción de Ciudadanos, la misma ha sido llevada a la Sesión por la vía de Urgencia. La propuesta ha recibido el voto mayoritario en contra de PP y Vox, por lo que no ha sido debatida.

MOCIÓN DE C’S

En la justificación de la urgencia de la moción, C’s recogía que la “inseguridad en Majadahonda viene siendo desde hace años una preocupación creciente entre vecinos, comerciantes, hosteleros y personas que visitan” la ciudad.

“Sin embargo, los episodios delictivos que se han sucedido a lo largo de los últimos días y que han provocado una gran alarma social en la ciudad, y mediática en toda España, exigen con urgencia una respuesta ágil, clara y contundente por parte del Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda para hacer todo lo posible para acabar con esta lacra”, detallaban en la urgencia.

Entre las propuestas a aprobar, planteaban instar al alcalde y al Gobierno municipal a que con la “máxima urgencia” recondujeran la “fallida gestión que hasta la fecha ha hecho de la seguridad en Majadahonda, empezando por reconocer que desde hace años la seguridad es uno de los principales desafíos que tiene la ciudad, así como la necesidad de aumentar los esfuerzos y recursos para resolver la actual situación”.

Proponían la reorganización de las tareas y funciones de la Policía Local para, “siempre de acuerdo con lo establecido por la Junta Local de Seguridad”, aumente cuanto sea posible su presencia en la calle con el fin de “reforzar la prevención ante la comisión de posibles actos delictivos a lo largo de todo el día y, en particular, por la noche; priorizando esta labor de prevención sobre otras tareas administrativas o de cualquier otra índole que puedan ser aplazables”.

También solicitaban que se inste a la Delegación del Gobierno a “incrementar ampliamente los recursos destinados a Majadahonda en materia de seguridad, al menos en el corto y medio plazo, como vía para la disuasión inmediata de la criminalidad en nuestra ciudad”.

Además, proponían que se invite a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales “a cuantas sesiones de la Junta Local de Seguridad se celebren de ahora en adelante” e instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a “promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”.