El juzgado concluye que la pureza de los 100 kilos de aluminio que depositó el querellante en la entidad Bandemia Bank tenían un valor de 142 euros, frente a los 290 millones de dólares declarados
El juzgado mixto número ocho de Majadahonda ha archivado la querella de una empresa vinculada a un ciudadano de origen turco contra el banquero José Miguel Artiles por los presuntos delitos de estafa, falsedad y organización criminal. Este empresario sostenía que a través de una mujer que conoció en París y que no ha podido ser localizada entró en contacto con la firma Bandenia Banca Privada, con sede en Las Rozas y que dirigía Artiles hasta que fue intervenida por la Audiencia Nacional. En ese banco depositó 100 kilos de aluminio valorados en 290 millones de dólares e hizo un depósito de 290.000 euros en distintas divisas para la entidad se las gestionara. Según su versión, todo lo perdió y por eso interpuso esta querella que ahora se archiva.
Según la resolución judicial, los informes periciales señalan que el valor del aluminio era realmente de 142 euros y por eso apunta el juez a que “el querellante ha ejecutado una operación valorando el metal depositado para obtener un documento del banco por valor de 290 millones de dólares como garantía para realizar otros negocios jurídicos”. Respecto al depósito de 290.000 euros, resuelve que las cuentas del empresario “fueron bloqueadas por las irregularidades detectadas en el valor del metal depositado y, actualmente, las cuentas de su empresa tienen un descubierto superior al 1.000.000 de euros, al no haber abonado los gastos y comisiones de mantenimiento del depósito del metal en la entidad bancaria pactados en el contrato suscrito en 2016”.
Esta resolución supone un respiro para este banquero que se encuentra inmerso en una macrocausa en la Audiencia Nacional. Los investigadores sospechan que Bandenia Banca Privada era una entidad que servía para el blanqueo de dinero de algunos clientes. Según publicó The Objective la semana pasada el juez, Santiago Pedraz, archivó la pieza separada que afectaba a la presunta responsabilidad penal de ING, Ibercaja y Bandemia en este caso al no encontrar indicios suficientes de delito.