La pandemia primero y la invasión de Ucrania después han arrastrado a Europa y al mundo a una crisis económica y energética sin precedentes. Estamos viendo cosas que no creeríamos, como a un ministro verde alemán defendiendo la continuidad de las centrales nucleares, o botellas de agua a un precio de cuatro euros. La inflación está en unos niveles que no se recuerdan en 40 años. Comerciantes y familias han visto como se les ha duplicado la factura de la luz o como desde el pasado mes de mayo se ha triplicado la factura del gas. Y el carrusel de malas cifras suma y sigue. Una hipoteca media variable subirá una media de 120 euros mensuales. La lista de la compra ha subido un 12%, respecto al año anterior. Un 75% de productos alimenticios se han disparado más de un 10%. Sin olvidar una vuelta al cole que, según la OCU, costará a cada familia madrileña más de 2.500 euros (por encima de la media española, que se sitúa en los 2.186 euros). Madrid es la comunidad más cara, junto con Cataluña.
Estos datos nos dejan intuir que nos quedan muchos meses convulsos por delante. La locura de Putin no conoce límites y nuestros socios europeos se enfrentan a un invierno crítico por la falta de gas. España cuenta con reservas suficientes y como miembro de este club europeo tendrá que ser solidario con el resto de países de la Unión. Nuestro país se enfrenta desde una posición más cómoda a un futuro incierto por la invasión rusa. Sin embargo, el Banco de España y la Comisión Europea descartan la recesión y prevén que la economía española crecerá. Bruselas aplaude las medidas de ahorro energético acordadas por el Gobierno y la Excepción Ibérica nos ha permitido pagar la luz a un precio muy por debajo del que lo hacen Francia, Italia o Alemania.
Sin embargo, nada de lo que hagamos será suficiente mientras la ciudadanía perciba que va montada en una montaña rusa que no para de subir. El Gobierno debe abandonar la vía del Decreto y negociar medidas con empresarios y sectores afectados por las subidas de la energía y de la alimentación. Negociar no significa pasar por el aro. Significa escuchar antes de tomar decisiones. Además, ayudaría a rebajar la tensión política que también se hablara con las autonomías y con los partidos de la oposición. La responsabilidad no es solo exigible al ciudadano que ahorra energía, sino que debemos exigírsela más aún a nuestros dirigentes políticos que toman las decisiones. Nos jugamos mucho y deben ser acertadas. La resiliencia de los ciudadanos es directamente proporcional al acierto de nuestros gobernantes.
