Durante el primer año han sido 19.312 los jóvenes españoles, de entre 18 y 35 años, que ya han solicitado el Bono de Alquiler Joven, según cifras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aunque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 15 de febrero de este año, la inversión de 31,8 millones de euros para esta ayuda. Pese a estar vigente desde el 1 de enero del año pasado, cuando el Gobierno central calculó que beneficiaría a cerca de 70.000 jóvenes, cifra a la que no se ha llegado todavía, por los retrasos en su aplicación, como en el caso de la Comunidad de Madrid.
La ayuda concede 250 euros mensuales a menores de 35 años que arrienden un inmueble, o una habitación, y es financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero su gestión pertenece a las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, los menores de 35 años que optan a esta ayuda, suman solo un 1% de las viviendas en alquiler con opción a esta bonificación, cifra que desciende sobre todo en la zona norte de la comunidad, en zonas como Pozuelo, Boadilla o Majadahonda.
Aunque la consejera madrileña de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, declaraba hace dos semanas que “seguiremos aumentando la oferta de vivienda para contener los precios”, y remarcaba las 6.600 viviendas del Plan Vive, se está optando más por dar facilidades para la construcción o restauración de viviendas, que para una ampliación del parque de vivienda pública según marca el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025.
La iniciativa del Gobierno central, está dotada con 400 millones de euros.
El recientemente nombrado secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, aportó las cifras de este primer año del Bono Alquiler Joven, con 19.312 “solicitudes resueltas” y sintiéndose “razonablemente satisfecho” con el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025.
Los requisitos para poder recibir este Bono de Alquiler Joven, marcan un tope para el alquiler que pague el solicitante, de hasta 900 euros, siendo una excepción en determinadas zonas, por el alto precio del alquiler, siendo lo normal, hasta 600 euros en la mayoría de localidades de España. Además el salario que percibe el solicitante ha de ser inferior a tres veces el IPREM. En determinados casos la ayuda puede llegar hasta los 300 euros, ampliables a 450 euros.
Iñaqui Carnicero, ha hecho hincapié en el “grave déficit” de viviendas sociales públicas en España, que pretende paliar el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, gracias al que se ha llegado a quince acuerdos con las comunidades autónomas adquiriendo 547 viviendas, ahora destinadas al alquiler social, por unos 43,8 millones de euros.