Por primera vez en décadas, un cambio trascendental ha sucedido en el panorama laboral en España. Las empresas ya no podrán despedir disciplinariamente a sus empleados sin ofrecerles, antes, una oportunidad para defenderse. Así lo ha dictaminado el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en una decisión unánime que promete reconfigurar las relaciones laborales en el país.
El fallo, que aplica de forma directa el artículo 7, del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en España desde 1986, exige que el empleador convoque un trámite de “audiencia previa” antes de extinguir un contrato por motivos disciplinarios. Un paso que muchos empresarios probablemente no vieron venir, y que supone un cambio radical respecto a la doctrina vigente desde los años ochenta.
¿Qué significa esta sentencia?
El Supremo ha reconocido la necesidad de adaptar su criterio al contexto actual. En palabras del tribunal, los cambios en el ordenamiento jurídico, incluyendo la Ley de Tratados Internacionales y la doctrina constitucional, han hecho insostenible la interpretación anterior. Ahora, la prioridad es garantizar al trabajador una defensa justa antes de ser despedido.
Sin embargo, la sentencia introduce un matiz crucial: esta obligación solo será exigible para los despidos que ocurran a partir de la publicación del fallo. Para los anteriores, las empresas quedan protegidas por la jurisprudencia anterior, que no imponía este requisito. “La cautela es válida para los despidos previos”, subraya la Sala Cuarta, anticipándose a posibles olas de litigios.
Un desafío para las empresas
El fallo no ha llegado solo como una sorpresa; también plantea retos inmediatos para los empleadores. El trámite de audiencia previa implica la necesidad de estructurar procesos internos que permitan notificar al trabajador los cargos en su contra, escuchar su versión y, solo entonces, tomar una decisión definitiva.
Esto podría suponer un cambio sustancial en la forma en que las empresas gestionan sus recursos humanos, especialmente en sectores donde los despidos disciplinarios son más frecuentes. Además, la sentencia deja abierta una pequeña puerta de flexibilidad: el trámite no será obligatorio “a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador”. Una excepción que, sin duda, se convertirá en objeto de interpretaciones y posibles controversias judiciales.
Un avance para los derechos laborales
Para los trabajadores, este fallo supone un refuerzo importante en sus derechos. La posibilidad de defenderse antes de un despido no solo es un avance hacia la justicia laboral, sino que también otorga un tiempo crítico para intentar evitar el impacto de una decisión tan drástica.
El Tribunal Supremo ha sentado un precedente que será analizado en profundidad en los próximos meses. ¿Estarán las empresas preparadas para implementar estos cambios? ¿Cómo afectará esta sentencia al mercado laboral? Las respuestas aún están en el aire, pero una cosa es segura: el panorama laboral en España ya no será el mismo.
