La Comunidad de Madrid ha presentado una campaña para concienciar a la población de los beneficios que aportan las aves insectívoras para el ser humano y el daño que se les causa destruyendo sus nidos, que a menudo son construidos en las oquedades de edificios y viviendas.
Suele ser más habitual la presencia de estas aves en zonas alejadas de centro de la capital, siendo zonas como Las Rozas, Majadahonda, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y otras ciudades del norte de la comunidad, las más afectadas por estos anidamientos.
La iniciativa, de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 #ProtegeLosNidos, informa en redes sociales sobre el rango de protección legal que tienen.
A menudo, y bajo el pretexto de que estos espacios ensucian fachadas o aceras, se acaba con el hábitat natural de reproducción de estos animales que contribuyen a controlar la proliferación de insectos como moscas y mosquitos, al convertirse en su base alimenticia.
Las especies más numerosas son principalmente aves de la familia de los hirundínidos: golondrinas comunes y dauricas, avión común, vencejo común y pálido. Todas ellas se encuentran protegidas por el Catálogo Nacional y Regional de Especies Amenazadas, así como por numerosas directivas europeas. Su eliminación solo contribuye a empobrecer la biodiversidad en la región. En su preservación tienen un papel fundamental los agentes forestales.
La ASEM112 recuerda que no basta con no destruir sus nidos, sino que también se debe facilitar su reproducción al ser especies que están en regresión, circunstancia a la que favorece la colocación de nidos artificiales. Para impedir que tanto las fachadas como las aceras se ensucien, se pueden instalar pequeñas repisas que retengan los excrementos.
En caso de tener que retirarlos, es necesaria una autorización de la Comunidad de Madrid, y el proceso nunca debe coincidir con la llegada de la primavera, que es cuando se produce el regreso de su migración desde África y el inicio de su periodo reproductivo. La destrucción de estos espacios supone una infracción grave a la normativa medioambiental y puede ser incluso considerada como delito.
