Ante el reciente terremoto informativo proveniente de EEUU a cuenta del aborto, cabría pedir a los talibanes de guardia un poco de coherencia. La preocupación por la vida en un país que mantiene, en muchos de sus estados, la legalidad de la pena de muerte o un sistema de profundos desequilibrios sociales que condenan a la marginación y a una vida genuinamente indigna a millones de personas no parece cotizar demasiado alto. Si la tan cacareada defensa de la vida pretende ser coherente, no puede circunscribirse a una visión sesgada y fundamentalista del aborto o la eutanasia, orillando esas condiciones socioeconómicas que, con frecuencia, convierten demasiadas vidas en dramáticos ejercicios de lucha por la supervivencia. De lo contrario, haríamos bien en preguntarnos qué hay detrás de tamaña incoherencia. Acaso mera impostura.
El sistema del common law anglosajón, a diferencia del nuestro, contempla la jurisprudencia en sentido estricto — resoluciones del Tribunal Supremo — como fuente del derecho. La decisión del TS estadounidense abre la puerta a que sus estados legislen para limitar el aborto, afirmando que tal decisión legislativa no está vedada conforme a la Constitución de 1787. Esta decisión determinará la existencia de cuerpos legales diferentes y contradictorios en esta materia, como ya ocurre con la antes referida pena de muerte. La paradoja federal es que un sistema heredero de las revoluciones democráticas desemboca en leyes no comunes y desigualitarias en la regulación de los derechos fundamentales de los ciudadanos de una misma nación.
A pesar de las aproximaciones de trazo grueso, la regulación del aborto no está exenta de dificultades puesto que el dilema moral y el conflicto bioético siguen abiertos. Precisamente por eso, por la dificultad cierta de precisar cuándo comienza la vida humana, por la imposibilidad de negar que esa vida se gesta en el cuerpo de una mujer y por tanto ha de ponderarse en relación a los derechos reproductivos de las mujeres, conviene articular un marco jurídico lo más garantista posible para todos. Algunos parámetros de referencia serían la prudencia para guiar el debate, la imposibilidad de contentar a todas las creencias, la seguridad jurídica para las mujeres que han de sopesar la adopción de esa decisión y un fuerte Estado social que garantice todas las opciones para quien quiera evitarla. Todo lo contrario a las noticias que llegan del otro lado del Atlántico.
En una democracia es común que se produzca una lógica colisión entre diferentes criterios morales. El problema de todos y cada uno de los enfoques religiosos que suelen subyacer bajo los envites reaccionarios contra los derechos reproductivos de las mujeres es que la religión no constituye un conjunto de normas de comportamiento atendibles para todos — apela a la fe, al libro sagrado, a referencias por definición inaplicables para el conjunto de la comunidad política — pero, en cambio, ambiciona desplegar sus efectos erga omnes (para todos), ordenando así la vida en común, no solo la de sus feligreses. No es “mi aborto” el que se cuestiona, sino que son “todos los abortos” los que se impugnan. Lo acontecido en el TS de EEUU refleja una pugna abierta entre los grupos políticos tradicionales, pero también la influencia de un creciente fundamentalismo que anhela filtrar cualquier derecho civil o cuestión moralmente compleja desde el prisma del dogma religioso. Las amenazas de involución no pueden abstraerse del incremento del peso de los lobbies religiosos, que, según un reciente estudio de Pew Research, pasaron entre 1970 y 2021 de 40 a más de 200. Su presupuesto y fuerza económica es directamente proporcional a su influencia en el debate público, donde la voz del dinero siempre encuentra más facilidades para hacerse escuchar.
Frente a la involución que se avecina, resulta imprescindible garantizar un marco legislativo integralmente laico, carente de cualquier fundamento religioso que lo determine: educación sexual para fomentar verdaderos métodos anticonceptivos, ayudas sociales para conceder opciones y alternativas, y una ley de plazos clara, segura, prudente y garantista para que todas las mujeres, sea cual fuere su condición socioeconómica, puedan, en último caso, abortar con seguridad y garantías plenas.
Y es que el aborto es también una cuestión de clase. Sobre todo, en una sociedad tan injusta y desigual como la estadounidense. No podemos olvidar, desde una perspectiva universalista, que el racismo explícito en EEUU es una lacra crónica, con múltiples implicaciones materiales, que quiebra el ideal del ciudadanía. Miles de inmigrantes malviven sin recursos y sin derechos, entremezclándose el escenario racial con el económico en la estratificación de una sociedad donde las brechas sociales no paran de crecer. Los más desfavorecidos del sistema económico serán las principales víctimas de la involución jurisprudencial y el consiguiente retroceso legislativo: son los condenados a sufrir las consecuencias de leyes que, imponiendo morales particulares, terminan socavando derechos civiles y garantías jurídicas plenas para los que no tienen otro patrimonio que esas leyes.
En la España tardofranquista y al inicio de la democracia, ya vivimos las implicaciones hipócritas y clasistas de una prohibición en el asunto que nos ocupa: las hijas de los potentados o de quienes conseguían la fórmula y el dinero para hacerlo costeaban los gastos de un viaje a Londres para abortar con seguridad mientras que muchas mujeres sin recursos de ningún tipo ponían en peligro sus vidas en penosos abortos clandestinos o hipotecaban su futuro y el de sus familias para siempre.
Así ocurrirá también ahora en aquellos estados norteamericanos en los que se legisle para limitar o prohibir el aborto: se abren, aún más si cabe, las puertas del sálvese quien pueda socioeconómico. Las víctimas de la desestructuración social se verán abocadas a sucumbir ante las nuevas trabas legislativas que les impidan ejercitar sus maltrechos derechos. En casos de pobreza y exclusión, es factible prever que la formación de guetos aumente y las condiciones de exclusión se agudicen. El nuevo giro reaccionario no solo amenaza los fundamentos de una sociedad laica ni cuestiona únicamente la seguridad jurídica y las garantías plenas de las mujeres que se plantean abortar, sino que además condena a los ciudadanos más pobres, en un país con una protección social paupérrima y casi inexistente, a la predestinación de sus vidas. Las cartas marcadas, la tiranía de los orígenes. Permítanme dudar de la veracidad de ciertos compromisos impostados con la vida y su dignidad.
