La jueza de Majadahonda Delia Rodrigo ha puesto patas arriba el fútbol español con la operación Brodie, una derivada de la investigación que ya se seguía en ese juzgado por el contrato de la Federación Española de Fútbol para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí.
El pasado 20 de marzo, el juzgado ordenó entradas y registros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en empresas, domicilios y despachos de abogados. La UCO apunta a que los implicados formaban una organización criminal que se lucró gracias a los contratos que adjudicaba y las puertas que abría para hacer negocio la Federación en la etapa de Luis Rubiales. Al frente estaban el propio Rubiales y su socio, el exfutbolista Nené.
A su lado el abogado de la Federación, Pedro González Segura, y el abogado externo, Tomás González Cueto, que permitían desde sus puestos las presuntas corruptelas. Estos son los hechos y sus protagonistas.
Sin embargo, la primera decisión de la jueza después de conocerse el sumario ha sido la de llamar al presidente en funciones del fútbol español, Pedro Rocha. Iba como testigo, pero ya había voces que decían que saldría como imputado. Y así ha sido. “Es por su bien”, le dijo la jueza. “Es injusto”, respondió él antes de salir del juzgado. Si había indicios contra Rocha, ¿por qué no se le puso la etiqueta de investigado desde el principio? Es curioso, y seguramente casual, que la operación Brodie se desate el día que iba a dar comienzo el proceso electoral para nombrar al sustituto de Rubiales. Es curioso, y seguramente casual, que se impute al único que había reunido los apoyos suficientes para conseguir la designación el mismo día en que esta iba a producirse.
Llama la atención que la investigación por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí haya estado dormida tantos años y ahora despierte de golpe, cuando el máximo responsable de la gestión que se hizo en aquellos años está ya fuera de la Presidencia y, por lo tanto, el peligro conjurado. A eso hay que sumar que hay algunas decisiones que llaman la atención en un Estado de Derecho y que serán objeto de pronunciamiento por parte de los tribunales.
La defensa de Tomás González Cueto ha recurrido las escuchas a su cliente, porque es abogado en ejercicio y sus conversaciones están protegidas por el secreto profesional. Considera que esta medida no se ha motivado lo suficiente y es un “corta y pega” del informe de la UCO, que es quien realmente, dice, dirige la investigación.
Y es cierto que, de lo conocido hasta ahora en el sumario, no hay ningún documento que refleje que la jueza o que el fiscal, José Miguel Alonso Carbajo, hayan impulsado alguna línea de investigación.
