Ricardo lleva desde 2015 demandando que se le reconozca como hijo legítimo del compositor
Ricardo, que defiende en los tribunales que nació fruto de la relación extramatrimonial entre Juan Carlos Calderón y una pianista valenciana, pide al Estado que le indemnice con 5.000 euros por el retraso judicial y el “daño moral” que este le ha producido. Lleva desde 2015 esperando que se resuelva su proceso paternidad.
“Entiende esta parte que la justicia que es lenta deja de ser justicia. Por lo que nos obliga, visto el estado de paralización de las presentes actuaciones, a reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por haber propiciado las demoras que, desgraciadamente, han acontecido en este procedimiento”, refleja su abogado Fernando Osuna en la demanda, a la que ha tenido acceso En Papel.
A los siete años de proceso judicial, “en un asunto tan delicado como una demanda de reclamación de filiación no matrimonial”, señala el texto, se une, “la actual situación de paralización procesal que implica la inejecución de la diligencia tendente a la obtención de la prueba principal en el procedimiento”. Esto, según Osuna ha sido causa de “un importante daño moral al demandante, que ha visto dilatado indebidamente, y por causas no imputables a él, un procedimiento que de media suele durar un año, y que lleva ya siete tramitándose, sin tener en cuenta eventuales y, muy probables instancias superiores”, añade.
Estos acontecimientos, asegura la demanda, “han impedido a Ricardo el efectivo ejercicio de sus derechos legítimos, a la tutela judicial efectiva, a conocer su verdad biológica y a los que eventualmente le correspondiesen en la esfera hereditaria, respecto de su presunto padre”.
El abogado de Ricardo hace hincapié en la “delicada situación económica” que atraviesa el supuesto hijo del compositor y en que ésta podría solventarse, asegura. con “una resolución estimatoria de sus pretensiones”.
Por todos estos motivos, el abogado promueve, en nombre del presunto hijo del compositor, una “acción de responsabilidad patrimonial de la administración pública por la cantidad de 5.000 euros o la cantidad que se estime conveniente, debido al mal funcionamiento de la Administración de Justicia”.
SIETE AÑOS DE PROCESO JUDICIAL
La demanda fue presentada el Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Majadahonda en el año 2015. Desde entonces, señala Fernando Osuna, “se han venido sufriendo dilaciones indebidas en su tramitación, por sencillas procesalmente que resultasen las actuaciones”. El abogado subraya “la decisión del juez que ordenó que se practicase prueba biológica con el objeto de comprobar la eventual coincidencia entre el material genético del demandante y los demandados, causahabientes de D. Juan Carlos Calderón y presuntos hermanos biológicos del RICARDO, pero “éstos se negaron a la prueba de ADN”.
La prueba no se pudo realizar, ya que el famoso compositor falleció en el año 2012 y fue incinerado. Entonces, el Juez acordó se practicase análoga diligencia respecto de los restos óseos del presunto abuelo del demandante.
Osuna también se refiere a las explicaciones aportadas por el responsable del cementerio: “carecen de toda lógica e imputan a la práctica de la actuación una dificultad a todas luces inexistente”.
