Nadie puede discutir el papel de GREFA en el estudio y conservación de la naturaleza. Desde su creación en 1981, Grefa suma más de 4.000 socios y su Hospital de Aves ha atendido a más de 100.000 animales salvajes, contribuyendo a la conservación de las especies y evitando su extinción.
Nada que objetar a su actividad que, sin duda, se ha visto favorecida por el convenio que suscribió en 1998 con el Ayuntamiento de Majadahonda, que construyó y le cedió unas instalaciones por un periodo de 25 años en el Monte del Pilar. Convenio que ahora llega a su fin. Este es un hecho incontrovertible que un juzgado de lo contencioso – administrativo, en sentencia contra la que no cabe recurso, consagró en julio de 2022. A partir de aquí no hay ningún elemento que permita a GREFA un uso permanente ni privativo de unas instalaciones que cedió la Administración Pública.
Cuestión distinta es que se presente a un nuevo concurso y lo gane para poder continuar con su actividad. Sin embargo, el Ayuntamiento también tiene su ‘debe’ en esta polémica. GREFA es un centro de referencia mundial en el cuidado de especies protegidas y el convenio que habilita su trabajo no es cosa menor. No se puede improvisar un concurso de esta naturaleza y se debe contar con la previsión necesaria para evitar que entre una concesionaria y en la siguiente se produzca un vacío en una actividad que tiene tanta importancia. Estamos hablando de un hospital que atiende a especies que ingresan con cuadros graves. No se puede dejar de atenderles por culpa de la burocracia administrativa.
El Equipo de Gobierno debe sacar el concurso cuanto antes y vigilar que el convenio se cumple en todos sus extremos. Decimos esto porque la sentencia de la que hablamos también recoge otros pasajes que queremos ofrecer a nuestros lectores. El juez da la razón al Ayuntamiento, que había dejado de financiar en 2014 con 18.000 euros anuales a GREFA porque no cumplió con sus obligaciones como concesionaria. No presentó la memoria anual de actividades y gastos ni formó al personal municipal en cuidados de flora y fauna.
En la sentencia se puede leer, además, que la reclamación económica de esta ONG contra el Ayuntamiento coincide en el tiempo con el procedimiento judicial que el Gobierno municipal inició contra GREFA por ampliar sus instalaciones con construcciones presuntamente irregulares. Estas revelaciones provocan estupor. En este contexto, el juez subraya que GREFA “parece atribuir al Convenio una naturaleza de una ayuda pública sin necesidad de justificación alguna, radicalmente prohibidas en nuestro ordenamiento”.
