Este periódico comparte que una ley de amnistía es constitucional. Las Cortes Generales son soberanas para iniciar el procedimiento, pero no compartimos esta amnistía que negocia el PSOE para los líderes independentistas que provocaron la peor crisis territorial de nuestro país. Esta cabecera no se puede mostrar a favor de una ley de amnistía que solo encuentra en el principio de oportunidad política su razón de ser. Los partidos están legitimados para acordarla y nosotros estamos legitimados para criticarla. De esto trata la Democracia. A esto hay que sumar que se hace sin contar con la mitad del Parlamento y una medida de este calado necesita el máximo consenso posible.
El Parlamento puede elaborar una ley de amnistía. El Tribunal Constitucional, que abordó este asunto en las sentencias de los años 1983 y 1986, dijo que: “solo el legislador -desde la igualdad- podrá integrar el derecho que permita la aplicación en cada caso de la amnistía”. El tribunal de garantías añadió que la amnistía se asienta “en un ideal de justicia que pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político”. Los principios de igualdad y de Justicia son los que inspiran una amnistía y nos cuesta encajarlos en este caso porque más bien parece que todo consiste en sumar los siete votos que permitan la investidura de Pedro Sánchez.
No se puede decir que se respeta el principio de igualdad entre los españoles, cuando ni siquiera existe entre los protagonistas de aquel dislate. Oriol Junqueras se quedó en España y defendió su inocencia. Fue condenado y el Gobierno decidió indultarle. Esa es la vía para Carles Puigdemont que abandonó el país en el maletero de un coche y desde Bélgica ha estado poniendo en un brete a España. Una batalla judicial que está a punto de perder, gracias al tesón del Tribunal Supremo. No le quedan cartuchos al expresident fugado en los tribunales europeos, pero ahora dará igual porque sus delitos serán perdonados. Y desde luego tampoco se atisban razones de Justicia. ¿Es justo perdonar a quien usó las instituciones para defender los intereses de la mitad de los catalanes y empujarles a las calles bajo la ensoñación de la independencia? ¿Es justo que se beneficie de una ley de amnistía quien ha dicho que lo volverá a hacer?
“La ley de amnistía solo encuentra su razón de ser en el principio de oportunidad política”
Escribimos este editorial solo unas horas antes de que el texto se registre en el Congreso. La investidura de Pedro Sánchez saldrá adelante, pero la legislatura será otra cosa y el equilibrio parece imposible con unos socios que reconocen públicamente sus desconfianzas. Es verdad que las elecciones vascas, catalanas, gallegas y europeas nos tendrán dos años entretenidos entre campaña y campaña y el día a día de la política doméstica quedará en un segundo plano, pero cuando todo eso haya pasado, el elefante seguirá en la habitación. España no se romperá con una ley de amnistía porque tiene instituciones fuertes, pero veremos fotos difíciles de digerir.
Sin embargo, el Partido Popular se equivoca en su estrategia. El gobierno que echará a andar tiene toda la legitimidad. Pedro Sánchez ha sido capaz de conseguir unos apoyos que no pudo sumar Alberto Núñez Feijóo porque ningún otro partido está dispuesto a normalizar a Vox. La Democracia no consiste en que se convoquen elecciones hasta que salga el resultado que los populares quieren. El PP puede combatir la ley de amnistía, pero no es la calle el lugar en el que tiene que hacerlo. La política no puede ser la que agite la calle y menos hacerlo de la mano de un partido ultra. La amnistía se puede combatir, pero hay que hacerlo en los tribunales, en el Parlamento, en las Asambleas Legislativas o en los Ayuntamientos y también, claro está, en las instituciones europeas. No en la sede del PSOE.
